Por Aurora Zepeda, publicado en Excélsior

Envió a la Auditoría Superior un informe detallado sobre equipo y servicios para vigilar propaganda de partidos.

El 27 de noviembre el Instituto Federal Electoral (IFE) entregó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un “Informe de situación excepcional” sobre la revisión de equipos y servicios contratados a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, que proveyó la Solución Integral para la Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los Tiempos Oficiales en Materia Electoral.

En un comunicado el IFE reportó que “el informe aporta 76 pruebas que demuestran que la solución integral existe y funcionó para el monitoreo de las campañas electorales federales. También funciona actualmente para apoyar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del IFE en materia de administración de los tiempos del Estado”.

De acuerdo con el comunicado, con este informe el IFE cumple con la petición de la ASF, del pasado 19 de octubre y destaca: “La adquisición de los equipos se realizó con estricto apego a la ley, lo que ya fue corroborado mediante investigación previa de la Contraloría General del IFE, que se coordina técnicamente con la propia ASF”.

Esta investigación, insiste, se realizó en respuesta a una queja interpuesta por uno de los participantes en la licitación. Esta opinión, sigue, “fue ratificada por la justicia federal al rechazarse el amparo al quejoso, por falta de elementos.”

Actualmente la contraloría interna del IFE realiza una auditoría a la licitación y el funcionamiento del monitoreo ante el descontento de algunos consejeros y partidos.

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Por Julio Juárez Gámiz, publicado en El Universal

Durante la campaña federal 2009 los partidos produjeron 89 spots. Tomando en cuenta que el uso de los tiempos oficiales para la transmisión de este material publicitario se tradujo en alrededor de 10 millones de espacios de 30 segundos, y haciendo un promedio de repetición que no contemple el esquema de distribución de este tiempo entre los partidos, cada spot se habría repetido en promedio 110 mil veces.

Para ilustrar la vaguedad de sus contenidos pongamos como ejemplo que ninguno de estos spots mencionó el tema de los impuestos, el primer gran debate de la nueva Legislatura que tendrá impacto directo en la vida de millones de mexicanos. Una vez más los spots sirvieron para hablar en general de mejores oportunidades sin decir cuáles, de un país más justo sin decir cómo y de la procuración del bienestar social sin explicar de dónde saldría el dinero para todo ello.

El dato proviene del reporte Medios de comunicación y partidos políticos: cobertura y mensajes, resultante de la observación electoral realizada por Ciudadanos en Medios, Democracia e Inform ación, AC, (CMDI) durante las elecciones federales. CMDI, además, monitoreó la cobertura de las campañas en tres diarios de circulación nacional (Reforma, La Jornada y EL UNIVERSAL) y en tres noticiarios de tv (Hechos de TV Azteca, El Noticiero de Televisa y 11 noticias de Canal 11).

Los hallazgos son poco optimistas. Comenzando con la oferta informativa en los tres noticiarios, constatamos un marcado desinterés por incluir en su agenda informativa las propuestas de los partidos (tan sólo 35 notas informativas de los siete partidos/coaliciones fueron transmitidas) y la tendencia por centrar su cobertura en las estrategias de campaña, no en los contenidos programáticos de éstas: 57% de las notas trató el tema de las estrategias y 26% se centró en los conflictos entre partidos. Sólo seis notas se dedicaron a un tema en particular, una a educación y cinco a seguridad pública.

Llama la atención el caso de TV Azteca: seis de las notas de los partidos fueron divididas en dos emisiones de una sección titulada “El juego de las sillas”. Al analizar cómo la información es presentada se encontró que todas las notas fueron acompañadas de juicios de valor del medio, resaltándose el tono sarcástico de la producción con el objetivo de descalificar y ridiculizar a los actores políticos ahí presentados.

En cuanto a los diarios, y debido en parte a una disponibilidad de espacio mayor a la televisiva, observamos 553 notas de las cuales Reforma aportó 46%, mientras EL UNIVERSAL y La Jornada publicaron, respectivamente, el 24% y el 30% restante. Se observó mayor diversidad de temas aunque, como en los noticiarios, prevaleció el interés por abordar las estrategias de campaña (42%) y los enfrentamientos entre partidos (45%). La inequidad entre el espacio otorgado a partidos “grandes” y “pequeños” también se magnificó en la prensa. Ocho de cada 10 notas fueron dedicadas al PRI, al PAN o al PRD mientras que en tv fueron siete de cada 10.

Respecto de estos resultados hacemos tres observaciones. Uno, haber recuperado el tiempo oficial para transmitir los mensajes de los partidos fue un logro de la reforma electoral de 2007. Sin embargo, contemplar formatos de comunicación alternativos al spot de 30 segundos, incluso a los ya considerados en la ley de uno y dos minutos, así como establecer un esquema de distribución entre partidos más equitativo que el actual 30-70, son dos pendientes indiscutibles en materia del acceso de los partidos a la radio y la tv.

Dos, el acuerdo de los partidos y el IFE para utilizar el formato de 30 segundos favorece la vaguedad argumentativa. Si a ello añadimos las tendencias de cobertura en los medios observados en el estudio de CMDI, es evidente que las campañas se alejan cada vez más de la diferenciación programática e ideológica de los partidos.

Por último, el reporte de CMDI confirma la necesidad de observar sistemática y objetivamente el desempeño informativo de los medios en México. Consideramos que los medios deben gozar de completa libertad para elegir sus contenidos. No obstante, esta libertad conlleva la responsabilidad de transparentar los criterios editoriales que determinan la selección y el tratamiento de la información que ofrecen a sus audiencias. La libertad de expresión también es un derecho que debe disfrutar la ciudadanía.

Director de Investigación Ciudadanos en Medios, Democracia e Información, AC

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Por José Gerardo Mejía, publicado en El Universal

El Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio Vallarta promoverá una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Instituto Federal Electoral (IFE) y el presidente de Grupo Tecno, Aarón Porraz, por presuntas irregularidades en el monitoreo a medios electrónicos, entre ellas fraude y daño al erario.

En conferencia de prensa, el jurista Mario Arroyo presentó un video, proporcionado con secrecía “por un medio de comunicación”, con una entrevista a Aarón Porraz que servirá como prueba al consejo para demostrar que “estuvieron en riesgo las elecciones del 5 de julio”.

“Porraz acepta el margen de victoria ayudó a evitar impugnaciones y que los resultados hubieran puesto en jaque a las autoridades electorales y a los comicios de hace cuatro meses”.

El grupo de abogados presentó fragmentos del trabajo periodístico para precisar que Porraz incumplió el contrato suscrito por 25.7 millones de dólares, por el “que se iban a monitorear 23 millones de spots y no solamente 9 millones, cifra que fue la única que aceptaron, como el faltante de 708 señales de las 2 mil 319 que estaba obligada a seguir la empresa”.

“Pero debemos pedir una aclaración al IFE sobre si dentro del pago de 25.7 millones de dólares se consideró un 2% de equipamiento para poder monitorear el sistema de cable”.

Arroyo enfatizó que Porraz se convirtió en un revendedor de equipo adquirido en Israel, que “el mismo Porraz asegura que manipuló, por lo que debe explicar a quién benefició y quién operó el sistema; el IFE es el que legalmente debería hacerlo”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Porraz aseguró que Arroyo forma parte del equipo legal de TV Azteca, que trata de desacreditarlo para echar abajo las multas impuestas por la autoridad electoral, comentario que el jurista rechazó.

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Publicado en El Universal online

Por supuestas irregularidades como fraude y daño al erario, en el sistema de monitoreo a medios electrónicos, el Consejo Nacional de la Abogacía Ignacio Vallarta promoverá una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Instituto Federal Electoral (IFE) y el presidente de Grupo Tecno, Aarón Porraz.

En conferencia de prensa, el jurista Mario Arroyo presentó un video proporcionado con secrecía “por un medio de comunicación”, con una entrevista a Aarón Porraz, que servirá como una de las pruebas del Consejo para demostrar su tesis de que “estuvieron en riesgo las elecciones del 5 de julio”.

“El mismo Porraz acepta que el margen de victoria ayudó para evitar que hubiera impugnaciones, pero en sentido contrario, los resultados hubieran puesto en jaque a las autoridades electorales y a los comicios celebrados hace cuatro meses”, apuntó Arroyo.

El grupo de abogados presentó fragmentos del trabajo periodístico para subrayar que Porraz incumplió partes sustanciales del contrato suscrito por 25.7 millones de dólares por el “que se iban a monitorear 23 millones de spots y no solamente 9 millones, cifra que fue la única aceptaron´, así como el faltante de 708 señales de las 2 mil 319 que estaba obligada”.

Arroyo enfatizó que Porraz se convirtió en un revendedor de equipo adquirido en Israel, el cual adaptó con otros instrumentos para promoverlo como un sistema inédito que “el mismo Porraz asegura que manipuló, por lo que debe explicar es quién le ordenó hacer eso, a quién benefició y realmente quién operó el sistema, siendo que el IFe es el que legalmente debería hacerlo”, apuntó.

En una entrevista de EL UNIVERSAL con Porraz, el empresario comentó que Arroyo forma parte del equipo legal de TV Azteca, que trata de desacreditarlo para echar abajo las multas impuestas por la autoridad electoral, comentario que Arroyo rechazó, porque “nosotros solamente queremos que se aclaren distintas irregularidades”.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/640765.html

Por José Gerardo Mejía, publicado en El Universal

Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) presentaron una denuncia de hechos ante la Contraloría General del organismo contra el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo y otros funcionarios, por posibles irregularidades administrativas dentro del programa de monitoreo, cuyo costo fue de 25.7 millones de dólares.

En el documento, presentado el miércoles pasado, se solicita al órgano interno de control que determine si Grupo Tecnología Cibernética (Grupo Tecno), empresa que ganó la licitación, actuó con dolo o mala fe para incumplir los términos del contrato, y si violentó la cláusula de confidencialidad del mismo.

La denuncia fue presentada con base en una entrevista publicada por EL UNIVERSAL el 2 de noviembre, en la que el presidente de Grupo Tecno, Aarón Porraz, acusó al consejero Marco Antonio Gómez de criticar los trabajos de monitoreo por intereses personales, y al consejero Marco Antonio Baños de ser un “golpeador” que actúa por su amistad con Gómez.

El 3 de noviembre, el IFE informó que sus autoridades firmaron la parte final del contrato con Grupo Tecno, con lo que se finiquitó el monto económico, que se redujo a un millón de dólares por sanciones contra la empresa ante diversas irregularidades.

 “Esta situación (finiquito) es irregular, toda vez que con las declaraciones de Porraz se configura una causal de rescisión del contrato, que debió haber sido valorada previo a la realización del finiquito y pago del mismo”, apunta Gómez en la denuncia.

Para los consejeros, en la entrevista, Porraz reconoció “expresamente la incapacidad del servicio de monitoreo prestado por Grupo Tecno al IFE para generar reportes mediante los cuales funcionarios de la autoridad administrativa electoral pudiéramos tener un conocimiento preciso y exacto del cumplimiento en la transmisión de promocionales de los partidos políticos.

También manifiesta que desarrolló un software experimental y no probado, a fin de cumplir con el servicio contratado”.

 “Esconden errores”

Los consejeros enfatizan que contrario a lo que afirma Porraz sobre la entrega de reportes del proceso electoral 2009, “los miembros del Comité de Radio y Televisión del IFE no han recibido informe definitivo alguno, debido al alto número de falsos positivos que arroja el sistema”.

Aseguran que la acusación del empresario contra Gómez es “temeraria e infundada”.

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